A 250 años de Independencia: más agravios en sus colonias
Por Kevin Miguel Rivera-Medina
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Mientras en los Estados Unidos de Norteamérica están de celebración por los 250 años de su Declaración de Independencia, sus generaciones posteriores se olvidaron muy pronto de la lista de agravios que contiene esa Declaración y han hecho lo mismo, o peor, sobre territorios ocupados de manera ilegítima.
A ello se suma que, desde hace 125 años, las nuevas colonias estadounidenses -llamadas con eufemismo “territorios no incorporados”- son objeto de los llamados “casos insulares”, una serie de decisiones judiciales del Tribunal Supremo de Estados Unidos que describen la legalidad del coloniaje bajo su esquema constitucional, y que están apoyados en ideas racistas, principios de supremacía, y en la más burda noción imperial. Demás está decir que no cumplen con criterios bajo el Derecho Internacional.
Al releer los 27 agravios contenidos en la Declaración, casi todos ellos, y podemos añadir decenas de agravios adicionales, están presentes hoy día en la relación colonial con Puerto Rico, acentuados por una Junta Federal de Control Fiscal que, sin el aval y con el rechazo del pueblo, son quienes toman decisiones sobre nuestro país.
Los EEUU ha obstruido la administración de justicia al negarse a sancionar leyes aprobadas localmente. Mantiene sus ejércitos, acuartela tropas, y mantiene fuerte equipo militar en nuestra tierra, sin el consentimiento nuestro y poniéndonos en grave riesgo ante las aberrantes movidas militares que realiza en el Caribe. Corta nuestro comercio con otras partes del mundo. Esa Junta federal decide sobre nuestros impuestos, suspende el poder menguado de nuestra legislatura colonial electa. Nos empobrece, destruye nuestra Universidad, abusa de nuestros terrenos para el beneficio de ultrarricos extranjeros y desangra los sistemas de retiro de nuestra población de mayor edad. Ha provocado el exilio de la mayoría de nuestra población y promueve la gentrificación.
Rebelarse contra un imperio tan poderoso no es sencillo, pero hemos resistido. Y es hora de que se reconozca, a nivel internacional, el derecho de independencia y autodeterminación de Puerto Rico ante la tiranía colonial, para poder, desde esta tierra antillana, caribeña y latinoamericana, celebrar nuestra Declaración de Independencia.
ICE en PUERTO RICO
Por Steven Lausell
Foto cortesía de Colectiva Feminista en Construcción
Las prácticas xenofóbicas y racistas que emplea el gobierno de Estados Unidos en contra de las comunidades migrantes, cada vez con mayor frecuencia, se sienten de una manera distinta en Puerto Rico. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúa realizando detenciones discriminatorias y arbitrarias contra miembros de las comunidades dominicanas y haitianas en Puerto Rico, entre otras. Mediante el empleo de tácticas de violencia extrema, funcionarios de ICE con rostros tapados y sin identificación cumplen con el propósito de sembrar terror en nuestras comunidades migrantes.
La gran ironía es que estas intervenciones se estén llevando a cabo en Puerto Rico por un poder colonial, extranjero y lejano, en contra de comunidades que son en su mayoría caribeñas y latinoamericanas. El pueblo de Puerto Rico comparte amplios vínculos culturales, sociales e históricos con las demás poblaciones del Gran Caribe. Durante siglos, nuestras poblaciones han convivido y se han mezclado entre sí, generando lazos de solidaridad y hermandad. Entonces, ante este uso burdo del poder colonial que ostenta Estados Unidos, cabe preguntarse, ¿quién es el que realmente no pertenece en Puerto Rico?
Referencias adicionales
https://elpais.com/us/migracion/2026-08-05/una-detencion-pone-en-la-mira-un-acuerdo-opaco-entre-el-gobierno-de-puerto-rico-y-el-ice-para-compartir-informacion-de-migrantes.html
Deterioran las condiciones de vida para los puertorriqueños
Por Olga Sanabria
La condición de vida en la colonia de Estados Unidos en el Caribe ha descendido aceleradamente en los últimos años y en particular en los últimos meses. Al presente ello se manifiesta en los profundos problemas en el acceso de la población al agua y al servicio de energía eléctrica.
En el mes de septiembre debido a interrupciones de ambos servicios cientos de miles de familias del país en comunidades urbanas y en particular rurales intermitentemente se han quedado sin agua y/o energía eléctrica. Las familias se han quedado a la merced de cisternas de agua que compran, tanques que irregularmente provee el gobierno, o la compra de botellones de agua en supermercados. En áreas altas la falta de energía eléctrica es responsable de la escasez de agua además de afectar otros aspectos personales y de higiene, y la viabilidad de negocios incluyendo restaurantes. Particularmente afectadas son las familias o madres o padres solteros con niños(as) y personas de la tercera edad.
Cada vez más personas han estado a la merced de soluciones particulares a necesidades que el gobierno colonial o cualquier gobierno debe atender. Los apagones intermitentes y cese del flujo de agua, aunque programados son impredecibles. Mientras se estima que más del 50 por ciento del agua potable producida se pierde por la existencia de salideros y otros problemas del sistema de agua.
En el caso de la energía eléctrica la ciudadanía recurre a la compra de generadores, la instalación de placas solares y otros remedios costosos. Los elementos responsables del drástico deterioro en este servicio esencial incluyen el cambio de personal técnico, diestro y gerencial debido a su privatización hace varios años impulsada por la Junta de Supervisión Fiscal que desde hace ya diez (10) años controla las finanzas públicas de Puerto Rico.
En ambos, el problema del agua y de la energía eléctrica, incide el abandono de la infraestructura, el deterioro natural y no atendido de los equipos, los constantes cambios de gerencia, incluyendo debido a la política partidaria, reducción de personal, corrupción e intereses privados. Es de notar que recientemente se expusieron grandes irregularidades relacionadas a un contrato multi billonario para el suplido de energía eléctrica de emergencia.
Por otro lado, se acaba de anunciar un aumento en el costo de la energía que lo llevará a su nivel más alto jamás antes visto y a que un sector de la población tenga que escoger entre tener electricidad e iluminación o comida sobre la mesa lo cual ya frecuentemente es la disyuntiva.
La situación en cuanto a ambos servicios y otros problemas ha llevado a la movilización constante en reclamo de la acción del gobierno, pero la respuesta ha sido lenta, deficiente y falta de sensibilidad. Estos problemas se suman a otros ya existentes en las áreas de educación, salud, pensiones, la Universidad del estado y otros en gran parte debidos a recortes presupuestarios impuestos al gobierno de la colonia por la Junta de Supervisión Fiscal.
¡Esencia NO VA! ¡Moncayo, Dorado Waterfalls y ORA World Tampoco!
Por Estelí Capote – Maldonado
La administración colonial de turno, encabezada por Jeniffer González y avalada por el gobierno del empresario inmobiliario y presidente estadounidense Donald Trump, ha comenzado un expedito desmantelamiento de las estructuras gubernamentales, jurídicas y de ordenamiento territorial. El objetivo expreso: dar paso a, por lo menos, cuatro megaproyectos residenciales de lujo para extranjeros —Esencia (Cabo Rojo), Moncayo (Fajardo), Dorado Waterfalls y Ora World (Loíza)—, todos enclavados en reservas naturales de alto valor ecológico.
Esta ofensiva se ejecuta debilitando la Ley de Permisos (Ley 161-2009) y el Reglamento Conjunto, convirtiendo a la OGPe en una ventanilla de aprobación expedita que evade evaluaciones ambientales rigurosas del DRNA. Mediante “Consultas de Ubicación”, recalifican Suelos Rústicos Protegidos y la Zona Marítimo-Terrestre para beneficio del capital privado.
Para silenciar la resistencia comunitaria, las reformas legislativas imponen barreras judiciales aplastantes: exigen fianzas millonarias —equivalentes al 10% del costo total del proyecto— para solicitar interdictos que paralicen obras destructivas, limitando además la legitimación activa para radicar querellas.
Auspiciada por las exenciones fiscales de la Ley 60, esta reforma no busca eficiencia, sino la institucionalización del despojo: acortar evaluaciones, encarcelar la protesta comunitaria bajo fianzas inalcanzables y privatizar de forma irreversible las reservas y costas de Puerto Rico.